De la promesa de mano dura a la escenificación de la guerra
Durante la campaña presidencial del pasado mes de junio, Abelardo de la Espriella basó buena parte de su mensaje en la promesa de mano dura contra la delincuencia y en intensificar la lucha contra los grupos armados. Ya en el poder, ha reforzado públicamente a las fuerzas militares colombianas y difundió un video de más de siete minutos en el que recorre el lugar del operativo en Guaviare, rodeado de cuerpos cubiertos, mientras detalla las bajas y los insurgentes capturados. Para el politólogo Carlos Cortés, mostrar al jefe de Estado caminando entre cadáveres envía “un mensaje de fuerza e intimidación” coherente con la línea dura que anunció en campaña. La analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, interpreta estas imágenes como un intento de enfatizar “una narrativa de ofensiva, de asegurar el control del Estado” y proyectar el dominio estatal sobre actores criminales, en contraste con la estrategia de su antecesor Gustavo Petro, que priorizó negociar con grupos armados.
Choque institucional y acusaciones de necropolítica
La respuesta política e institucional fue inmediata. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó abiertamente la puesta en escena al advertir que “el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel” y recordó que, incluso en la guerra, la dignidad humana no desaparece con la muerte. Desde la oposición, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, habló de “necrofilia mediática”, mientras la exalcaldesa de Bogotá Claudia López describió el estilo presidencial como “autoritarismo mafiosongo” que no respeta la vida ni la muerte. El gobierno contraatacó: el Ministerio de Interior, en cabeza de Rodrigo Lara Restrepo, lamentó lo que calificó como una “triste equivocación” de la Defensoría, al considerar que equipara al Estado con las bandas narcoterroristas. Según Lara Restrepo, el Estado cumple un deber constitucional al combatir a criminales que ejercen el terror. En paralelo, estrategas como Catalina Suárez subrayan que no se trata de improvisación: el uso de chaleco antibalas, atriles blindados y consignas contra el “narcoterrorismo” forma parte de una construcción deliberada de la imagen presidencial de hombre fuerte que, ahora, se extiende al campo de batalla.
Segunda ofensiva visual y temor a repetir los excesos del pasado
Pese a la controversia por el primer video, el presidente no dio marcha atrás. Dos días después, difundió nuevas imágenes tras otra operación militar, esta vez en La Guajira, donde fueron dados de baja Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, su pareja Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y otras dos personas. De nuevo, el énfasis estuvo en el recuento de muertos y en la presencia del mandatario junto a los cuerpos. Para Elizabeth Dickinson, en un país marcado por más de 60 años de conflicto con guerrillas, carteles, paramilitares y el propio ejército, estas imágenes resultan “escalofriantes” en comunidades afectadas porque refuerzan una lógica de conteo de bajas que en el pasado se asoció con violaciones de derechos humanos y muertes de civiles inocentes. La experta advierte que amplificar ese tipo de símbolos de poder estatal ha tenido consecuencias graves en la historia reciente de Colombia, sin afirmar que sea lo que ocurre hoy, pero sí recordando que el mensaje puede resonar así en un contexto de memoria herida y alta polarización sobre el uso de la fuerza.
Mano dura en clave regional y disputa por el relato de la seguridad
Los videos de Abelardo de la Espriella se inscriben en una tendencia continental de exhibición de autoridad. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele recurre de forma sistemática a imágenes de presuntos pandilleros hacinados y sometidos en el CECOT para reforzar su política de excepción; en Estados Unidos, Donald Trump ha difundido ataques de militares estadounidenses a supuestas narcoembarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Según Elizabeth Dickinson, la campaña estadounidense, en la que se ve la destrucción de presuntas embarcaciones de narcotráfico, “baja los estándares” regionales al normalizar acciones letales exhibidas como espectáculo. En Colombia, donde amplios sectores señalan la seguridad y el orden público como su principal preocupación, el presidente busca capitalizar el hartazgo con la violencia, mientras críticos y organizaciones temen que la lógica de mostrar cadáveres como trofeos erosione límites básicos del derecho internacional humanitario. El desenlace de esta disputa por el relato de la seguridad será clave para definir si el país consolida una política centrada en resultados militares medidos en muertos o si se impone un enfoque que reivindique la protección de la vida como eje del poder estatal.