Operativos conjuntos y regreso del enfoque de seguridad dura
La intención de adhesión ya había sido adelantada por Abelardo de la Espriella en su discurso de investidura, pero fue el secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, quien precisó en Panamá que Bogotá solicitó expresamente “operativos militares conjuntos para destruir terroristas y redes terroristas”. Esa formulación sitúa la nueva etapa de cooperación en una lógica de ofensiva militar directa, que el propio De la Espriella ha vinculado con la estrategia aplicada por Álvaro Uribe Vélez frente a las insurgencias de izquierda durante el conflicto armado que se prolonga desde hace casi siete décadas en Colombia.
Aclaraciones oficiales y la delgada línea de la soberanía
Las palabras de Peter Hegseth obligaron al ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, a matizar los alcances del compromiso. Desde Ciudad de Panamá, el funcionario defendió que las decisiones del nuevo gobierno se fundamentan en el “respeto irrestricto por la soberanía nacional” y recalcó que la adhesión al Escudo de las Américas busca “fortalecer y no sustituir” las responsabilidades propias de Colombia en materia de seguridad. Sin embargo, el reconocimiento de que las “amenazas transnacionales no reconocen fronteras” deja abierta una franja de interpretación sobre cuán profundas podrán ser las operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses en territorio colombiano.
Constitución, Senado y una zona gris de cooperación militar
La Constitución colombiana establece de forma expresa que solo el Senado de Colombia puede autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país. Cuando la cámara alta se encuentra en receso legislativo, esa facultad pasa al presidente de la República, pero siempre con aval del Consejo de Estado de Colombia. Este diseño constitucional busca mantener un control civil robusto sobre cualquier despliegue militar extranjero, un punto especialmente sensible en un país con un historial de intensa cooperación castrense con Estados Unidos. A la luz de estas restricciones, la incorporación al Escudo de las Américas se ubica en una zona gris: se reconoce un amplio margen para el apoyo logístico, de inteligencia y de tecnología de defensa, pero persisten interrogantes sobre la presencia efectiva de personal militar estadounidense en operativos sobre el terreno.
Honorio Henríquez: entre los límites legales y la necesidad de apoyo
El actual presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez, admitió públicamente que la cooperación con Estados Unidos es “importante y fundamental” para enfrentar a estructuras criminales que, a su juicio, “cada día cooptan más el Estado colombiano”. Aunque invocó los límites textuales de la Constitución, también subrayó que no conoce en detalle las implicaciones del acuerdo y respaldó la llegada de “equipo de tecnología” y otros apoyos específicos. Su postura refleja la tensión interna: por un lado, el reconocimiento de que el crimen organizado y el narcotráfico superan las capacidades nacionales; por el otro, la obligación de preservar el control legislativo sobre cualquier presencia de tropas extranjeras.
Una nueva etapa en la relación con Estados Unidos y sus riesgos
El anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de destinar 1.000 millones de dólares a la política de seguridad de Abelardo de la Espriella implica un fortalecimiento sin precedentes recientes de la agenda bilateral, claramente alineada con las prioridades de Washington en materia de drogas y terrorismo. El riesgo es que Colombia quede atada a un enfoque predominantemente militar, similar al de etapas anteriores, que no logró desmantelar de forma estructural a los cárteles del narcotráfico ni romper los vínculos entre economía ilegal, violencia y corrupción. El gran desafío para el Gobierno y el Congreso será traducir la adhesión al Escudo de las Américas en mecanismos de cooperación transparentes, sometidos a control democrático y respetuosos de la legislación interna, evitando que la urgencia por resultados inmediatos en seguridad termine erosionando las bases de la soberanía y del Estado de derecho colombiano.