Este fenómeno ha dejado a muchas comunidades en una situación de extrema pobreza, ya que la coca es la única fuente de ingreso. En un pueblo que solía tener 200 habitantes, solo quedan 40. La situación se repite en todo el país, reflejando una crisis humanitaria en las zonas productoras de coca.
Colombia, a pesar de ser el principal productor mundial de cocaína, está experimentando un cambio drástico en su industria de la droga. Este cambio es una consecuencia imprevista del tratado de paz firmado hace ocho años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo armado más grande del país. Durante décadas, las FARC financiaron su guerra en gran parte a través de la cocaína, utilizando a miles de agricultores para cultivar la planta. Sin embargo, tras el acuerdo de paz, el vacío dejado por las FARC fue ocupado por grupos delictivos más pequeños que implementaron un nuevo modelo económico: concentrarse en comprar grandes cantidades de coca a un número reducido de agricultores y limitar sus operaciones a regiones fronterizas, donde es más fácil exportar la droga.
A esta situación se suma la competencia de otros países en la producción de cocaína, lo que ha contribuido a aumentar la oferta global de la droga. Además, el uso de nuevos fertilizantes ha facilitado el cultivo de coca, a pesar de que muchos grupos armados en Colombia han diversificado sus actividades ilícitas hacia la extracción de oro, la tala ilegal y el tráfico de migrantes.
El resultado es una acumulación masiva de pasta de coca en Colombia, especialmente en las regiones productoras, donde la compra de este producto ha disminuido drásticamente o incluso ha desaparecido. Este exceso de producción, combinado con la falta de compradores, está exacerbando la crisis humanitaria en las comunidades rurales del país.