Una guerrilla que se desmoviliza, pero no desaparece del todo
El acuerdo que puso fin a más de 50 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) fue el resultado de cuatro años de negociaciones en La Habana y sigue siendo, según especialistas como Josefina Echavarría, uno de los procesos de paz más completos de la historia reciente. La guerrilla marxista nacida en 1964 llegó a contar entre finales de los años 90 y 2002 con entre 16 000 y 20 000 combatientes y una presencia extensa en zonas rurales. El conflicto dejó cientos de miles de muertos, millones de desplazados y decenas de miles de desaparecidos, y a la organización se le atribuyen masacres, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, violencia sexual y atentados, entre otros crímenes, tal como han documentado entidades estatales y organismos de derechos humanos. El Acuerdo Final incluyó una reforma rural integral, desarme y reincorporación política de los excombatientes, atención a víctimas, una estrategia distinta frente a las drogas ilícitas y un sistema de justicia transicional encabezado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la ratificación estuvo marcada por el plebiscito del 2 de octubre de 2016: cerca de 13 millones de votantes participaron y el 51,8 % se inclinó por el No frente al 49,8 % del Sí, lo que forzó la introducción de al menos 59 ajustes negociados, según Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Aquella división política sigue pesando sobre la legitimidad del pacto.
Reincorporación, asesinatos y el fracaso electoral de Comunes
Una década después de la dejación de armas, el balance en reincorporación es ambivalente. De los 14 355 firmantes acreditados, el especialista de la Iniciativa Barómetro Nicolás Rojas calcula que alrededor del 85 % se mantiene en el proceso, lo que equivale a unos 10 795 excombatientes vinculados a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Muchos han emprendido proyectos productivos, retomado estudios o desarrollado iniciativas culturales y de memoria, como la Fundación Casa Cultural Alternativa en Bogotá, liderada por el exguerrillero Manuel Bolívar. Pero la otra cara es letal: más de 500 firmantes han sido asesinados desde 2016 por disidencias y otros grupos armados, y numerosos desmovilizados viven bajo amenazas, desplazados de sus territorios y estigmatizados. En el plano político, el acuerdo permitió la creación en septiembre de 2017 del partido Comunes, encabezado por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, al que se le asignaron 10 escaños en el Congreso por dos períodos legislativos, de 2018 a 2026. Esa cuota garantizada no se tradujo en respaldo ciudadano: en las elecciones parlamentarias de marzo de 2026, la colectividad perdió su personería jurídica al no alcanzar el umbral de votos, un síntoma de la profunda desconfianza que persiste hacia las antiguas FARC entre amplios sectores del electorado, incluidas muchas víctimas.
Disidencias en expansión y giro de la política de seguridad
Mientras la mayoría de excombatientes permanece en la legalidad, las disidencias armadas se han consolidado como el principal flanco de continuidad del conflicto. Según estimaciones citadas por la periodista e investigadora Juanita Vélez, alrededor de 1 500 antiguos integrantes nunca entraron al proceso o lo abandonaron, y hoy confluyen con nuevos reclutas en estructuras que suman unos 10 000 combatientes en 2026. Entre ellas destaca el Estado Mayor Central, liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco; el Estado Mayor de Bloques y Frentes, con Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba; y la Segunda Marquetalia, fundada en 2019 por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. También actúan grupos más pequeños como Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). De acuerdo con Vélez, algunas de estas organizaciones se mueven sobre todo por intereses económicos ligados al narcotráfico, mientras otras reivindican motivaciones ideológicas; en muchos casos, ambas dimensiones se superponen. A diferencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), cuyo objetivo era la toma del poder nacional, las disidencias parecen centradas en controlar corredores estratégicos y construir modelos locales de gobierno. El gobierno de Gustavo Petro intentó negociar con ellas bajo la política de paz total y logró reducciones puntuales de violencia y ceses al fuego, pero sin un acuerdo definitivo. Con la llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella, crítico del pacto de La Habana, la apuesta oficial se ha desplazado hacia una mayor confrontación militar, lo que abre un nuevo ciclo de incertidumbre sobre la capacidad del Estado para contener la expansión de estas estructuras.
Justicia transicional en entredicho y avances limitados en verdad y tierras
En el frente judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en uno de los símbolos más controvertidos del modelo. En septiembre de 2025, el tribunal condenó a siete excomandantes del último secretariado, entre ellos Rodrigo Londoño, a ocho años de sanciones reparadoras por la política de secuestros. Las penas contemplan labores como búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y sustitución de cultivos ilícitos, bajo monitoreo de Naciones Unidas y controles de georreferenciación. Para víctimas como el expolicía secuestrado César Lasso, que pasó 14 años encadenado en la selva, estas sanciones resultan insuficientes frente a la magnitud del daño sufrido. Las autoridades de la JEP defienden, en cambio, que su función central es garantizar verdad, reparación y no repetición, y recuerdan que la reducción de penas está condicionada al reconocimiento pleno de responsabilidades y a la entrega de información y bienes. De acuerdo con datos citados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el aporte de excombatientes ha permitido localizar 6 002 cuerpos, entregar dignamente 892 a sus familias y hallar con vida a 645 personas, de un universo registrado de 137 000 desaparecidos. Estos logros coexisten con críticas por la lentitud de las decisiones y el bajo avance de la reforma rural integral, considerada por especialistas como la mayor deuda de la implementación. En uno de los países con mayor desigualdad en la propiedad de la tierra, el retraso en transformar las condiciones estructurales que alimentaron la guerra pone en riesgo la sostenibilidad del acuerdo y deja abierta la pregunta por el alcance real de la paz diez años después de la firma.