Del cierre de filas en campaña a las recriminaciones abiertas
Durante la campaña presidencial, las distintas vertientes progresistas del Pacto Histórico aparcaron sus diferencias para alinearse tras la candidatura de Iván Cepeda. Con el conteo finalizado y el paso a la oposición, la cohesión se desvaneció. La votación en la Comisión de Acusaciones, en la que intervinieron Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, David Alejandro Toro y Jorge Bastidas, todos del Pacto Histórico, a favor de una tesis de la defensa penal de Álvaro Uribe, se convirtió en el catalizador de un malestar acumulado. Muchos militantes y dirigentes interpretaron la decisión como un giro táctico difícil de explicar para un proyecto que ha construido buena parte de su identidad en la confrontación política contra el uribismo.
Choque Cepeda-Corcho-Zuleta: ética, víctimas y ambiciones personales
El episodio más visible estalló entre Iván Cepeda, Carolina Corcho e Isabel Cristina Zuleta, tres de las figuras más influyentes del Pacto Histórico en el Senado. Corcho cuestionó en X que se guardara silencio ante las masacres que rodean los procesos en los que se discuten responsabilidades de Uribe, y advirtió que hay “líneas éticas que no pueden correrse” sin que el proyecto pierda sentido. Ese mensaje, posteriormente borrado, fue entendido por sectores del petrismo como una acusación directa a Cepeda y a quienes defienden una postura más prudente. Zuleta reaccionó con dureza, acusando a Carolina Corcho de oportunismo y de instrumentalizar a las víctimas, y reprochándole no haberse comprometido con comunidades como las de Ituango. La senadora pidió además no ser asociada públicamente con la exministra. Ante la escalada, Cepeda publicó un comunicado donde llamó a la “grandeza política y ética” e instó a no permitir que “ambiciones personales” e intereses particulares desvíen la ruta de la transformación social trabajada durante los últimos cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, intentando recomponer puentes sin desautorizar abiertamente a ninguna de las partes.
El pulso por el Consejo Nacional Electoral y el poder de Petro en la organización
La tensión no se limita a la disputa ética sobre la posición frente a Álvaro Uribe. Una semana antes de la votación en la Comisión de Acusaciones, la elección de candidaturas al Consejo Nacional Electoral abrió otra grieta. En una reunión previa a la votación en el Congreso, Gustavo Petro impuso los nombres de Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque, retirando el apoyo al exrepresentante Alirio Uribe, abogado de derechos humanos cercano a Iván Cepeda y respaldado por gran parte de la bancada. La decisión, justificada por el expresidente con el argumento de que Uribe no defendió con suficiente contundencia los votos del Pacto Histórico ni su tesis de un presunto fraude en las presidenciales, evidenció que Petro mantiene el control efectivo de la maquinaria interna. El desplazamiento de Alirio Uribe y del candidato impulsado por Carolina Corcho dejó a muchos congresistas sin margen de negociación y acentuó la percepción de que las reglas para distribuir poder y representación dentro del partido son todavía informales y personalistas.
La apuesta comunicacional en manos de una joven de 19 años
Entre ambas disputas irrumpió un tercer frente de inconformidad: la comunicación política. En una reunión del Pacto Histórico, Gustavo Petro apareció junto a Gabriela Muñoz, una joven de 19 años señalada por detractores, incluso dentro de la izquierda, de haber tenido un poder desproporcionado en la Aerocivil durante los últimos meses de su gobierno. Muñoz anunció que el expresidente le había confiado la coordinación de la estrategia mediática del proyecto político, presentándose como líder nacional de las comunicaciones. La designación encendió críticas de bases y activistas, que cuestionan la falta de experiencia y transparencia en ese nombramiento. Uno de los influenciadores de izquierda más seguidos en redes, conocido como Físico Impuro en X, resumió la molestia al subrayar que hay “tanta gente buena en la izquierda que sabe comunicar” mientras se otorga esa función clave a una figura recién llegada y rodeada de actuaciones “como mínimo, dudosas”.
Un partido sin institucionalidad clara ante el reto de 2027
Las tres controversias se producen en un partido que, según reconocen sus propios dirigentes, existe formalmente desde hace solo unos meses y nació al calor del entusiasmo por mantener el poder tras la presidencia de Gustavo Petro. La falta de procedimientos internos sólidos, la ausencia de un congreso que ordene las corrientes y defina mecanismos claros de toma de decisiones, y la concentración de autoridad en el expresidente y en unos pocos liderazgos nacionales, convierten cada nombramiento y cada votación en una batalla. Con las elecciones regionales de octubre de 2027 en el horizonte, el Pacto Histórico enfrenta el dilema de si logra construir una estructura orgánica capaz de procesar sus diferencias o si las pugnas por las listas, las candidaturas y los puestos estratégicos profundizarán la crisis. El desenlace de esta etapa definirá si la coalición se consolida como una oposición robusta o si su fragmentación abre espacios a nuevas expresiones políticas de izquierda y centro en Colombia.