Kast apela al futuro mientras crece el reproche opositor
Desde la región de Los Ríos, situada a unos 950 kilómetros al sur de Santiago, el presidente chileno, José Antonio Kast, justificó su decisión señalando que, aunque "no puede borrar la historia", tampoco quiere que los chilenos estén "condenados" a ella, insistiendo en que "no hay mejor homenaje para la patria" que atender las urgencias actuales. Con este discurso, el mandatario, cuyo hermano integró el gobierno de Augusto Pinochet y que ha defendido en el pasado el legado económico de la dictadura, trató de colocar el énfasis en el porvenir y en la gestión de las recientes emergencias climáticas. Sin embargo, dirigentes opositores interpretaron la ausencia de actos oficiales como una señal política más que como un gesto de neutralidad histórica y denunciaron que el Ejecutivo abdica de su responsabilidad de encabezar una memoria de Estado.
Oposición: memoria, democracia y el peso del Palacio de La Moneda
Las críticas más severas vinieron del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien recordó que el Palacio de La Moneda, actual sede del poder presidencial, fue destruido por los "bombardeos de fuerzas sediciosas y fascistas" durante el golpe, y advirtió a José Antonio Kast que hoy le corresponde actuar como presidente de Chile, "no un activista de derecha". El gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, el democristiano Claudio Orrego, calificó la postura oficial de "mala señal" para cualquier demócrata, subrayando que un golpe de Estado es siempre una desgracia que no debe repetirse. Estas voces apuntan a una disputa de fondo: si el Estado puede desentenderse simbólicamente de una fecha asociada a una masiva violación de derechos humanos o si, por el contrario, está obligado a asumir un rol pedagógico en la construcción de la memoria.
Homenajes paralelos: de la tumba de Allende a las marchas en el centro de Santiago
Mientras el gobierno central guardaba distancia, sectores de la sociedad chilena, dirigentes opositores y víctimas organizaron sus propios rituales. Más de un centenar de personas, entre ellas el expresidente Gabriel Boric, que gobernó entre 2022 y 2026, acudieron al cementerio a rendir homenaje en la tumba de Salvador Allende. La exsenadora y dirigente socialista Isabel Allende advirtió que "un país sin memoria no tiene futuro" y defendió que la memoria supone dignificar a las víctimas, conocer a fondo lo ocurrido y proyectarse hacia una sociedad que nunca más use la violencia para resolver diferencias políticas. Boric, por su parte, sostuvo que, si la intención del Ejecutivo era que la fecha se olvidara, había fracasado, porque la memoria del 11 de septiembre de 1973, a su juicio, está grabada en el corazón del pueblo chileno y se transmite de generación en generación. Estos gestos muestran un tejido ciudadano que asume, de facto, funciones conmemorativas que tradicionalmente correspondían al Estado.
Protestas, represión y el relato de quienes no quieren pasar página
En las calles del centro de Santiago, cientos de ciudadanos se congregaron frente al Palacio de La Moneda y en otros puntos para participar en marchas y manifestaciones donde se vieron pancartas con mensajes como "Muerte al fascismo" o "Pinochet asesino, traidor a la patria". Las movilizaciones terminaron en enfrentamientos con la policía, que recurrió a carros lanzaagua para dispersar a los asistentes, dejando imágenes de detenciones y choques con las fuerzas de orden. Aun así, en la noche se mantuvieron vigilias en diferentes barrios, con retratos de asesinados y desaparecidos alineados junto a velas encendidas. Entre las voces anónimas que participaron, una manifestante describió la jornada como "un día triste, un día de luto" en el que los militares tomaron el poder por la fuerza y bombardearon La Moneda, mientras Emilia Núñez recordó que para muchos chilenos la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue la última vez que compartieron el desayuno con sus seres queridos, algo que, afirmó, no puede olvidarse "por ellos y por nosotros".
Una memoria en disputa a 53 años del golpe de Estado
La decisión de José Antonio Kast de renunciar a los actos oficiales no eliminó la conmemoración, sino que la desplazó a la esfera social y opositora, abriendo un nuevo capítulo en la larga disputa por la memoria en Chile. Las cifras oficiales de más de 3 200 personas asesinadas y 40 000 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo la dictadura de Augusto Pinochet mantienen el 11 de septiembre como una herida abierta que difícilmente se resuelve con llamados genéricos a "mirar al futuro" sin procesar el pasado. El contraste entre un gobierno que apela a pasar página y una ciudadanía que se moviliza por su cuenta revela que la memoria del golpe no es solo un rito anual, sino un tema estructural sobre cómo se entiende la democracia y el rol del Estado. A medida que se acumulan los aniversarios y cambian los gobiernos, la forma en que Chile afronte esta tensión marcará las próximas políticas de verdad, justicia y reparación para las víctimas.