El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, indicó que se apoyará a Guatemala con dos aeronaves para acceder a zonas vulnerables y afectadas por ETA : “conversaciones con el señor ministro de la defensa del vecino país de Guatemala (Juan Carlos Alemán Soto)”, quien ha “solicitado el apoyo con dos aeronaves de la Fuerza Área”.
Además, señaló que elementos de la Fuerza Armada que se encuentran en Guatemala “continuarán realizando tareas de búsqueda y rescate y de abastecimiento (de víveres) a este hermano país”.
“Esto es solo una muestra de la confianza que el Gobierno del presidente Nayib Bukele está generando en la región centroamericana”, añadió.
Bukele mandó 200 rescatistas, maquinaria, equipo y dos millones de dólares en paquetes alimentarios a Honduras y Guatemala, debido al impacto que ha producido la depresión tropical ETA en estos países.
La ayuda comenzó a llegar el lunes y también se puso a disposición un grupo de 200 rescatistas, maquinaria y equipo para ayudar en la tarea de búsqueda y rescate de víctimas en ambos países centroamericanos. Hondureños recibieron con la bandera salvadoreña, agradeciendo profundamente el apoyo.
Tras darse a conocer todas estas acciones usuarias en redes sociales han posteado fotos de Bukele expresando “que debería ser el presidente de Centroamérica. El dinero alcanza cuando no se lo roban”, citando una frase que Bukele habría dicho durante su mandato.
Juez busca pruebas contra Bukele
Cabe mencionar que el presidente salvadoreño ha sido también objeto de críticas y hay quienes han indicado que no deberían elogiarlo tanto.
Cabe mencionar que el juez salvadoreño Jorge Guzmán pidió el pasado 09 noviembre a la fiscalía indagar si el presidente, Nayib Bukele, incurrió en algún delito al presuntamente impedirle acceder a archivos militares para buscar pruebas de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981.
Guzmán, quien investiga la masacre, pidió a la fiscalía determinar si el mandatario y el ministro de Defensa, René Francis Merino, habrían incurrido por acción u omisión en el cometimiento de delitos luego de que el juez tuvo el acceso negado a los archivos de seis cuarteles militares para buscar pruebas sobre la masacre.