Según testimonios preliminares, un grupo de personas motivadas por prejuicios religiosos y transfobia, interceptó a Sara y la sometió a actos de tortura. Le fracturaron brazos y piernas, lo que la dejó completamente inmovilizada. Posteriormente, fue arrojada a una quebrada con el aparente objetivo de que muriera ahogada. A pesar de sus gritos de auxilio, quienes presenciaban el hecho no intervinieron.
Fuentes médicas indicaron que, aunque fue trasladada al hospital, Sara falleció debido a la intensidad de los dolores y las lesiones sufridas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron el hecho como un “crimen de odio con premeditación y alevosía”, y exigen justicia y una investigación seria que identifique y castigue a los responsables.
“A Sara no solo la mataron, la quebraron por dentro y por fuera, mientras alguien la grababa para hacerse viral. Eso no es solo un crimen, es el reflejo de una sociedad enferma donde el dolor ajeno se convierte en espectáculo”, denunció una activista local en redes sociales.
Sara vivió abiertamente su identidad como mujer trans y, como muchas personas trans en la región, enfrentó discriminación, exclusión y violencia sistemática. Organizaciones LGBTIQ+ denuncian que este crimen no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia estructural que amenaza la vida e integridad de personas transgénero.
Desde diversas partes del mundo, usuarios de redes sociales, artistas, activistas y ciudadanos han compartido mensajes de solidaridad con la memoria de Sara Millerey González, utilizando la etiqueta #JusticiaParaSara.
“Sara no murió sola. Murió frente a todos. Y nadie hizo nada”, reza uno de los mensajes más compartidos.
Este caso abre nuevamente el debate sobre la urgencia de políticas públicas efectivas que garanticen los derechos humanos de las personas trans, así como la necesidad de combatir el discurso de odio y la impunidad.