La acusación de terrorismo en medio de una crisis prolongada
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Bolivia, Evo Morales habría tenido una participación relevante en las protestas y bloqueos antigubernamentales que se prolongaron por más de 50 días, provocando una fuerte escasez de alimentos, medicamentos y combustible en centros urbanos como La Paz y El Alto. La orden fue firmada por el fiscal Brayan Melgar, quien imputa al exmandatario los delitos de terrorismo, instigación pública para delinquir y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, sin que hasta ahora se haya concretado su captura. El caso se inscribe en un contexto de profunda crisis económica y social, que el propio Morales ha utilizado como argumento para denunciar que el gobierno busca criminalizar la protesta y desviar la atención del descontento ciudadano.
Antecedentes judiciales y refugio político en el Chapare
La nueva disposición se suma a otra orden de detención ya vigente contra Evo Morales por haberse ausentado de un juicio relacionado con un presunto caso de abuso a una menor de 15 años durante su mandato (2006-2019). Esa medida judicial, al igual que la más reciente, tampoco se ha ejecutado. Morales, de 66 años, permanece desde 2024 en su bastión cocalero del Chapare, donde ha rechazado reiteradamente todas las acusaciones. Desde esa región, el exgobernante ha consolidado una base de apoyo político y social que le permite seguir influyendo en la escena nacional pese a los procesos abiertos en su contra, lo que alimenta la percepción de un choque permanente entre el aparato judicial y un actor clave del pasado reciente de Bolivia.
Respuesta de Morales y acusaciones de persecución política
Tras conocerse la nueva orden de detención, Evo Morales reaccionó a través de su cuenta en X con un mensaje desafiante: “No nos van a intimidar”. En la misma publicación, afirmó que las imputaciones en su contra buscan, según él, “ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social”. El exmandatario sostiene que se trata de una persecución política dirigida desde el Ejecutivo y ejecutada por la Fiscalía de Bolivia, mientras sus críticos insisten en que debe responder ante la justicia por la violencia y los graves efectos que tuvieron los bloqueos en el acceso a servicios básicos y atención médica, especialmente en las ciudades más afectadas.
Presidente Rodrigo Paz bajo presión por los bloqueos
El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre tras casi 20 años de gobiernos de izquierda, enfrenta desde el inicio de su mandato una fuerte presión social. Las movilizaciones de sindicatos campesinos y obreros, que exigieron su renuncia, derivaron en cortes de carreteras y bloqueos de largo alcance, con un saldo de más de 15 personas fallecidas, muchas de ellas por falta de atención médica debido a la interrupción del tránsito. El gobierno atribuyó a Morales un rol central en la promoción de esas protestas, lo que justificó, según la versión oficial, el avance de los procesos por terrorismo y otros delitos. En junio, tras la declaración de un estado de excepción por parte del Ejecutivo, el propio Morales llamó públicamente a una pausa en las movilizaciones, un gesto interpretado por algunos como una maniobra táctica para reducir su exposición penal, mientras otros lo leen como una respuesta tardía a los costos humanos y económicos del conflicto.
Escenario abierto y desafíos para la institucionalidad boliviana
La coexistencia de varias órdenes de detención contra un expresidente que mantiene influencia territorial y política plantea un desafío significativo para la Fiscalía de Bolivia y para el Gobierno de Bolivia. La dificultad para ejecutar las medidas judiciales alimenta la percepción de debilidad institucional, al tiempo que refuerza el discurso de Morales sobre una supuesta instrumentalización de la justicia. Con las heridas aún abiertas por los bloqueos de mayo y junio, y con una economía golpeada por la escasez recurrente, el país se mueve en un terreno frágil: cualquier intento de detener al exmandatario podría reactivar la movilización de sus bases, mientras que la inacción prolongada seguiría erosionando la credibilidad del sistema judicial y del gobierno de Rodrigo Paz en el corto y mediano plazo.