Seis delitos graves y una justicia bajo sospecha
De acuerdo con la Fiscalía boliviana, Morales es investigado por la presunta comisión de seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Solo los cargos de terrorismo y alzamiento armado contemplan penas máximas de 20 y 30 años de prisión en el Código Penal boliviano, lo que ilustra la dimensión del expediente abierto contra el exmandatario. La investigación se inició tras una denuncia del Comité pro Santa Cruz, representado por su presidente Stello Cochamanidis Garcés, a la que se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, lo que refuerza el peso político del caso. El vocero presidencial José Luis Gálvez defendió que “no es el gobierno el que emite la orden de aprehensión, es la justicia”, y exigió que Morales “venga a explicar cuál fue su rol en los 53 días de bloqueo de carreteras”, subrayando que el propio líder reconoció estar a cargo de las acciones.
Bloqueos, muertos y una crisis que golpea a La Paz y El Alto
Las protestas entre mayo y junio afectaron de forma directa a ciudades como La Paz y El Alto, donde el corte prolongado de rutas derivó en desabastecimiento de medicinas, combustibles y alimentos. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia registró 22 muertos, 88 heridos y 573 arrestados vinculados a los bloqueos. Según ese reporte, 11 de los fallecimientos ocurrieron en accidentes de tránsito cuando se intentaba sortear las barricadas; tres se produjeron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales o militares y otros tres murieron intentando llegar a hospitales. El saldo humanitario convierte los bloqueos en uno de los episodios más críticos desde la salida de Morales del poder. Pese a ello, el expresidente ha insistido en que las protestas eran una respuesta legítima a la inflación, la escasez de combustible y las medidas económicas de Rodrigo Paz, reivindicando que “con bloqueos de caminos hemos recuperado la democracia” y que antes “han derrotado el Plan Cóndor y las dictaduras militares”.
La defensa política de Morales y la contraofensiva del gobierno de Paz
A sus 66 años, Morales sostiene que es víctima de una ofensiva dirigida desde el Ejecutivo. En su cuenta de X afirmó que “buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, y prometió que “no nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”. El gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, intenta marcar distancia de la acusación de persecución, remarcando que la orden fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y no por el Ejecutivo. Sin embargo, la participación del ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo Huerta como denunciante y el protagonismo del Comité pro Santa Cruz refuerzan la lectura de un choque abiertamente político. Morales, que ya en mayo había advertido en X que el presidente solo tenía “dos caminos” ante los conflictos —“militarizar” el país o llamar a elecciones en 90 días, según recordó la agencia EFE— se mantiene como el principal adversario del gobierno en las calles y en el imaginario de una parte del electorado.
Una segunda causa por trata y tráfico que agrava su frente judicial
La nueva orden de captura se suma a otra emitida en 2024 por la Fiscalía boliviana por los delitos de trata y tráfico de personas, relacionada con la presunta relación que Morales habría mantenido con una menor de edad durante su último mandato en 2015 y con la que supuestamente tuvo una hija. Esas acusaciones, que el expresidente niega tajantemente, fueron renovadas a mediados de 2025 y derivaron en un juicio iniciado en mayo, pero el proceso debió ser paralizado por la ausencia del imputado, declarado en rebeldía en enero de 2025. Morales aseguró entonces que “solo faltó que ordenen mi descuartizamiento inmediato en una plaza, como ocurría en la Colonia cuando los conquistadores castigaban severamente a los indígenas rebelados contra la opresión”, denunciando lo que calificó de “brutal guerra judicial” impulsada por su antiguo aliado y entonces presidente Luis Arce. La acumulación de causas penales sin sentencia firme y la imposibilidad de avanzar en los juicios por la incomparecencia del exmandatario alimentan la percepción de un sistema judicial tensionado y cuestionado por todas las partes.
El cerco humano del Chapare y una confrontación sin salida clara
Desde hace más de dos años, Morales permanece atrincherado en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, su feudo político y corazón de la producción cocalera. Allí, según declaró a la agencia AFP Vicente Choque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de sus hombres de confianza, el expresidente está resguardado por “2.000 personas, todos los días y las 24 horas”. El vocero José Luis Gálvez sostuvo que el gobierno no quiere “poner en riesgo la vida de las personas”, lo que en la práctica ha contenido cualquier intento de captura forzosa. Este cerco humano convierte al Chapare en un enclave de resistencia política y complica la ejecución de las órdenes de aprehensión, mientras la confrontación entre el gobierno de Rodrigo Paz y el entorno de Morales se desplaza a las carreteras, las instituciones y la opinión pública. Sin una resolución judicial rápida ni un acuerdo político a la vista, el caso Evo Morales se perfila como el eje de la disputa por el rumbo de Bolivia en los próximos años, con el riesgo de que nuevos bloqueos y episodios de violencia profundicen la ya delicada crisis social y económica del país.