Un precedente legal nacido de la figura de las uniones libres
Durante años, la vía más avanzada que ofrecía la legislación boliviana a las parejas del mismo sexo eran las llamadas “uniones libres”, una forma de unión civil que reconoce ciertos derechos, pero no equipara plenamente al matrimonio. En marzo de 2023, el Tribunal Constitucional de Bolivia dio luz verde a esas uniones para parejas homosexuales, lo que abrió una rendija jurídica que Scarlett y Fabiana decidieron aprovechar, pero llevándola un paso más allá: en lugar de solicitar una unión libre, presentaron ante el Servicio de Registro Civil una petición expresa de matrimonio civil. La respuesta del Sereci fue negativa y se basó en una interpretación restrictiva de un artículo de la Constitución que habla de matrimonio entre hombre y mujer, ignorando otros artículos que prohíben de forma explícita la discriminación por género. Ante esta negativa y la ausencia de respuesta durante más de un año, la pareja buscó apoyo en la ONG Igual, cuyo abogado Mateo Rodrigo Solares explicó que, “basados en un principio de no discriminación que está inscrito en nuestra Constitución, encontramos los caminos legales que permitieron que Fabiana y Scarlett se pudieran casar”.
Del silencio administrativo al fallo a favor de la pareja
Una vez agotada la vía administrativa por la negativa del Servicio de Registro Civil, la opción más obvia era recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya cuenta con jurisprudencia en materia de derechos LGBTQ+. Sin embargo, la ONG Igual decidió intentar antes un recurso interno: un amparo constitucional ante un juzgado de paz, alegando la vulneración del principio de igualdad y señalando el componente de homofobia institucional detrás de la negativa. El 13 de marzo, un tribunal de garantías falló a favor de Scarlett y Fabiana y ordenó al Sereci permitir la celebración del matrimonio civil. El alcance del dictamen, sin embargo, quedó deliberadamente acotado: según explicó el abogado, la resolución se aplica únicamente al caso de esta pareja y deja en manos del propio Servicio de Registro Civil la decisión de autorizar otros matrimonios del mismo sexo. Pese a ese límite, el fallo fue celebrado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y por Human Rights Watch, cuyo posicionamiento destacó que el reconocimiento jurídico de las familias diversas forma parte esencial del derecho a la igualdad, la dignidad y la protección de la familia.
Santa Cruz de la Sierra: la batalla en un bastión conservador
El avance judicial chocó de inmediato con la realidad local. Scarlett y Fabiana viven en Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades más conservadoras de Bolivia, donde, según relataron, “nadie nos quería casar” pese a tener una orden judicial favorable. La ausencia de precedentes y las resistencias culturales complicaron la búsqueda de un funcionario dispuesto a oficiar el enlace. Tras semanas de intentos, la pareja consiguió finalmente una persona del propio Servicio de Registro Civil que accedió a formalizar la boda en la fecha fijada. La ceremonia del 7 de agosto fue descrita por ellas como “muy LGBTQ+, con muchos amigos cercanos”, más allá de la ausencia de parte de la familia materna de Scarlett, que le dijo que la amaba pero que “no la podía acompañar”. La celebración tuvo un fuerte contenido simbólico: más que un festejo íntimo, fue la consagración pública de una unión que, en palabras de Fabiana, buscaba simplemente que “lo que nos pertenecía, nos perteneciera a las dos”.
De prejuicios familiares a símbolo de derechos humanos
El caso de Scarlett y Fabiana también expone la fractura generacional y cultural que atraviesa a la sociedad boliviana. Fabiana recuerda que “mi abuela pensaba que el homosexualismo era una enfermedad que se contagia a través de la respiración”, mientras Scarlett contó que, cuando reveló que era lesbiana a su familia en Bolivia, la llevaron a un psicólogo para que la “arreglara”. Aun así, el tiempo modificó algunas miradas: la misma abuela que pedía distancia terminó entregando a Scarlett las llaves de su casa, un gesto que la pareja interpreta como signo de aceptación. Para la Defensoría del Pueblo de Bolivia, el matrimonio entre estas dos mujeres demuestra que “los derechos humanos deben ser garantizados para todas las personas, sin discriminación”, y que el reconocimiento jurídico de las familias diversas es un componente fundamental de la igualdad. El propio abogado de la ONG Igual advierte, sin embargo, que el trabajo está lejos de terminar: falta que el Tribunal Constitucional de Bolivia se pronuncie de forma clara sobre el matrimonio igualitario, como ya lo hizo con las uniones libres, para que casos como el de Scarlett y Fabiana dejen de ser excepciones y se transformen en una garantía general para todas las parejas del mismo sexo.
Un primer paso que obliga al Estado a definirse
La historia de esta pareja, que empezó a más de 5 000 kilómetros de distancia y culminó con un certificado de matrimonio civil emitido pero mal redactado, deja al descubierto las contradicciones del Estado boliviano: por un lado, reconoce derechos a través de su Constitución y de fallos judiciales; por otro, mantiene redactados heteronormativos como “Esposo y esposa” en sus formularios y delega al criterio del Servicio de Registro Civil la autorización de nuevos enlaces del mismo sexo. Que el Sereci se haya comprometido a corregir el documento de Scarlett y Fabiana muestra una disposición mínima al ajuste, pero no equivale a una política. El siguiente movimiento está en manos de las altas cortes y del poder político: o consolidan un marco normativo que haga del matrimonio igualitario un derecho plenamente reconocido, o mantienen la actual zona gris en la que solo quienes cuentan con apoyo jurídico especializado, como la ONG Igual, pueden abrirse paso. Mientras tanto, el matrimonio celebrado en Santa Cruz de la Sierra queda como un precedente incómodo para las autoridades y como un referente concreto para decenas de parejas LGBTQ+ que aspiran a que su unión no dependa de interpretaciones aisladas, sino de una protección legal clara y uniforme en todo el país.