Un arancel selectivo que sustituye al recargo universal
La nueva medida arancelaria sustituye al arancel universal del 10% que Washington había aprobado en enero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio. Esta vez, la Casa Blanca se apoya en el artículo 301 de la misma norma de 1974, que permite castigar a países que incurran en prácticas consideradas "desleales, injustificables o discriminatorias" para las empresas estadounidenses. El Departamento de Comercio concluyó que México cuenta con normas que prohíben la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, pero cuestionó la eficacia de su vigilancia. Con esa justificación, Estados Unidos integró a México en el grupo de economías sujetas a un recargo del 10%, junto a la Unión Europea y Canadá. La decisión acota el impacto al segmento de exportaciones mexicanas que queda fuera del TMEC, equivalente al 15% del total, pero lo hace en un momento de alta sensibilidad política y económica para el Gobierno de Sheinbaum, obligado a negociar con Washington con el acuerdo aún tambaleante.
Greer endurece el discurso mientras se negocia el TMEC
El anuncio de la orden ejecutiva se produjo pocas horas después de que Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer se vieran en Palacio Nacional. Tras el encuentro, ambas delegaciones hablaron de avances y coincidencias en materia de seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero, aluminio y automóviles, y pactaron una nueva ronda de conversaciones para la primera quincena de septiembre. Sin embargo, el mensaje que prevaleció fue el del endurecimiento arancelario. "Los trabajadores estadounidenses no deberían tener que competir con productos elaborados con mano de obra forzosa porque nuestros socios comerciales se niegan a prohibirla. El presidente Trump está corrigiendo esta injusticia al imponer aranceles para fortalecer la competitividad de Estados Unidos", afirmó Greer al difundirse la orden. La medida refuerza la estrategia proteccionista de la Casa Blanca y envía la señal de que Washington utilizará el comercio como palanca de presión bilateral, incluso mientras se sienta a revisar el TMEC con México.
La lectura de México: daño acotado, poder de negociación reducido
Para el Gobierno de Sheinbaum, que evitó la confrontación abierta, el hecho de que el nuevo recargo solo alcance al 15% de las exportaciones fuera del acuerdo es presentado casi como un éxito. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió que el impacto es limitado y comparable a la situación anterior: "Ese 10% es del mismo nivel que teníamos y a otros países les pusieron un poco más, el 12,5%". Sin embargo, voces del sector productivo y de la academia matizan esa lectura. Un industrial que pidió el anonimato advirtió: "A pesar de que se tienen contactos de alto nivel, las negociaciones no han logrado acuerdos de fondo para que México sea considerado en un grupo estratégico aparte. Estados Unidos aún piensa que México debe alinearse más con sus peticiones y parece que cederá hasta tener un arreglo administrado bajo su lógica". Esa percepción refuerza la idea de una renegociación asimétrica, donde más del 80% de las exportaciones mexicanas —por valor de más de 500.000 millones de dólares anuales— dependen del acceso preferencial al mercado estadounidense.
Canadá y el precedente de un castigo más severo
El caso mexicano se interpreta también a la luz del trato recibido por Canadá. La semana previa, Washington aprobó un arancel del 50% para un amplio catálogo de importaciones canadienses —que incluye materiales de automoción, productos lácteos, bebidas alcohólicas, textiles y muebles, entre otros— y, además, sometió a Ottawa al mismo esquema de recargos sobre los bienes no cubiertos por el TMEC. Las negociaciones entre ambos países han resultado "más complicadas y espinosas" que con México, según se detalla en la información oficial, lo que para algunos analistas funciona como advertencia: la Administración Trump está dispuesta a elevar los costos comerciales incluso con un socio del propio acuerdo norteamericano. Que México haya quedado en el tramo del 10% no significa, por tanto, un blindaje definitivo. Más bien subraya la capacidad de Estados Unidos para graduar la presión sobre cada socio en función de su alineamiento con las exigencias estadounidenses en temas como el control del trabajo forzoso o la protección de ciertos sectores industriales.
Incertidumbre para la inversión y señales de repliegue productivo
Adolfo Laborde, especialista en comercio internacional y profesor del CIDE, describe un escenario poco alentador para la inversión de largo plazo. A su juicio, el país enfrenta una renegociación en la que el margen de maniobra del Gobierno de Sheinbaum es "muy limitado" debido al empeño en preservar el TMEC en sus términos actuales, términos que, considera, ya no ofrecen certidumbre suficiente. Como ejemplo, cita la reconfiguración de la industria automotriz: "La salida de Toyota de la planta en Mexicali hacía Tacoma (Texas), es un indicador que se va a repetir, van a llegar inversiones, pero muy pequeñitas". La combinación de amenazas de ruptura del acuerdo, nuevos aranceles al 10% sobre exportaciones específicas y un entorno regulatorio volátil erosionan las ventajas que México había capitalizado durante años como plataforma manufacturera hacia el norte. Con más de 300 kilómetros de frontera compartida y una integración productiva profunda, cualquier ajuste arancelario tiene efectos inmediatos en cadenas de suministro y decisiones empresariales, lo que eleva la presión sobre el Gobierno mexicano para responder sin poner en riesgo su principal ancla externa: el acceso al mercado de Estados Unidos.