Perú reactiva viejas recetas y pone a los militares al mando
Perú es el último eslabón de una tendencia regional. El nuevo Gobierno ha anunciado que pedirá al Congreso facultades legislativas para que el Ejército de Perú y el resto de las Fuerzas Armadas asuman incluso la dirección y gestión de las cárceles, un salto cualitativo en su rol interno. La medida llega tras estados de emergencia como el de octubre de 2025, cuando soldados patrullaron Lima, y después de que el Ejecutivo de Dina Boluarte recurriera nuevamente a los cuarteles para contener las protestas que siguieron a la destitución de Pedro Castillo a finales de 2022 y comienzos de 2023, operativo en el que murieron medio centenar de manifestantes por munición letal, según los registros oficiales. Keiko Fujimori, que asumió la presidencia el 29 de julio de 2026, ha colocado a los altos mandos en el centro de su estrategia de seguridad, lo que aviva los temores de repetición de patrones históricos de abuso. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alerta sobre los riesgos: su secretaria ejecutiva, Tania Pariona, recuerda que “los militares no están entrenados para funciones policiales, su misión principal es enfrentar amenazas externas o conflictos armados”, y subraya que el país arrastra un historial de “represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa” durante el conflicto interno. Para Pariona, ampliar su papel en la seguridad ciudadana solo eleva el riesgo de uso desproporcionado de la fuerza y nuevas vulneraciones de derechos humanos, cuando al crimen organizado se le combate con inteligencia, investigación financiera, fiscales especializados y fortalecimiento policial, no con más fusiles en las calles.
Ecuador y México: del control penitenciario al poder económico militar
La deriva es aún más marcada en Ecuador y México. El 9 de enero de 2024, Daniel Noboa declaró por primera vez en la historia del país un conflicto armado interno no internacional, lo que permitió desplegar de inmediato a las Fuerzas Armadas del Ecuador en las calles y en el control de las cárceles. La decisión respondió a una crisis sin precedentes: bandas criminales tomaron simultáneamente siete prisiones, detonaron coches bomba en varias ciudades y un comando armado asaltó en directo el canal TC Televisión. Al principio se registró una contención parcial del aumento de homicidios, pero muy pronto surgieron denuncias de abusos documentadas por la Fiscalía de Ecuador y por Amnistía Internacional. Videos difundidos por los propios soldados mostraban a detenidos humillados y sometidos a castigos; con el paso de las semanas se reportaron muertes bajo custodia militar, como la del joven Carlos Javier Vega, y la Fiscalía abrió investigaciones por la posible desaparición forzada de 43 personas, en causas marcadas por la falta de colaboración castrense, según los informes. México ofrece otro rostro de la militarización: el 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón envió 6 500 soldados a la llamada Operación Conjunto Michoacán y declaró la guerra contra el narco. Desde entonces, las Fuerzas Armadas de México no han regresado a los cuarteles. Con los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional su presencia se consolidó, pero fue bajo el Movimiento Regeneración Nacional, con Andrés Manuel López Obrador, cuando se les transfirieron más atribuciones y recursos que nunca: se creó la Guardia Nacional de México como cuerpo de seguridad pública de composición y mando militares, y los uniformados asumieron el control de aduanas, la construcción de grandes obras, la operación de aeropuertos, hoteles y empresas turísticas. A pesar de las acusaciones de corrupción y malos manejos, ninguna de estas funciones ha sido revertida en el sexenio de Claudia Sheinbaum, lo que consolida a los militares como un actor económico y político de primer orden más allá de la seguridad.
Costa Rica se aferra a la vía civil y sin ejército
Frente a esa ola, Costa Rica sigue otra ruta. Tras abolir su ejército a mediados del siglo XX, el país centroamericano se convirtió en un símbolo de pacifismo y fue visto durante décadas como una “Suiza centroamericana”. Sin embargo, la expansión del narcotráfico elevó los homicidios un 66% en una década, de acuerdo con los datos oficiales citados por las autoridades. Pese a la presión, la respuesta no ha pasado por recrear unas Fuerzas Armadas de Costa Rica inexistentes, sino por reforzar a las policías civiles y judiciales, con el apoyo puntual de cooperación internacional. El país destina alrededor del 2% del PIB a seguridad, en un contexto de recortes en inversión social que alimentan la captación de jóvenes por las redes criminales. Para el exfiscal general Francisco Dall’Anese, quien también dirigió en Guatemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad, “meter militares a luchar contra grupos narcotraficantes genera una espiral de violencia”; compara una operación policial profesional, en un marco de derecho, con “una cirugía láser”, frente a la “carnicería” que, a su juicio, dejan las incursiones militares. El actual fiscal Carlo Díaz y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, coinciden públicamente en que la clave está en mejorar condenas y capacidades institucionales, no en crear un ejército, y citan experiencias como Medellín, Italia o Escocia para sostener que se puede combatir la criminalidad de forma más eficaz sin militarizar la seguridad.
El Salvador, laboratorio extremo del estado de excepción
El caso más extremo de esta tendencia es El Salvador. Desde marzo de 2022, el país vive bajo un régimen de excepción concebido en la Constitución solo para guerras, calamidades o graves perturbaciones del orden público. El Gobierno de Nayib Bukele lo ha renovado una y otra vez con el argumento de desarticular a las maras, y reporta más de 85 000 personas detenidas desde su entrada en vigor. El régimen suspende derechos clave, como el límite de 72 horas a la detención administrativa, la inviolabilidad de telecomunicaciones y la libertad de asociación, lo que permite arrestos masivos sin orden judicial. Un informe de un grupo internacional de expertos, presentado ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, acusa al Ejecutivo de crímenes de lesa humanidad, al documentar asesinatos, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas. En este esquema, la Fuerza Armada de El Salvador ha pasado a ser el brazo operativo central de la política de seguridad, realizando patrullajes, cercos y registros junto a la Policía Nacional Civil, en abierta disrupción de los límites fijados tras los Acuerdos de Paz de 1992. Para organizaciones civiles y entidades como Amnistía Internacional, las miles de denuncias por detenciones arbitrarias y las muertes bajo custodia estatal son la prueba de que la militarización, lejos de garantizar una paz sostenible, erosiona el Estado de derecho y deja una huella difícil de revertir. El pulso entre seguridad y democracia está ya en curso; la región deberá decidir si refuerza el poder de los cuarteles o invierte en reconstruir sus instituciones civiles y mecanismos de control.