Un éxodo al revés en el “punto cero”
En el cruce de Torkham, conocido como “punto cero” entre Pakistán y la provincia afgana de Nangarhar, termina una vida de exilio y comienza otra marcada por la incertidumbre. Allí llegó Nazia, de 35 años, nacida en Pakistán y deportada por no tener documentos. “Es una sensación maravillosa estar en mi propio país”, afirmó, minutos después de cruzar la frontera, para admitir enseguida que “nunca antes había estado en Afganistán” y que teme no encontrar “ni siquiera suficiente pan para comer”. La historia de Nazia se repite entre quienes huyeron décadas atrás de invasiones y guerras o, como ella, jamás habían pisado el país al que ahora son expulsados. Charlie Goodlake, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Afganistán, resume la magnitud del fenómeno: “En poco menos de tres años, hemos visto regresar a Afganistán a seis millones de personas, una población que equivale al tamaño de un país pequeño”. A su juicio, “nunca habíamos visto en la historia reciente un movimiento de retorno de esta magnitud”. En torno al paso fronterizo se despliega un paisaje de lonas y plásticos levantados por Naciones Unidas y otras agencias para alojar solo por unas noches a quienes llegan “prácticamente sin nada”, sin plan de reasentamiento ni ingresos. Muchos aseguran que fueron deportados desde Pakistán o Irán pese a tener registros formales, lo que contradice las promesas iniciales de proteger a quienes contaban con documentos válidos.
Pakistán e Irán endurecen la mano mientras crece la tensión
El endurecimiento de Pakistán e Irán contra los afganos sin papeles es el motor inmediato de este retorno masivo. Nazia, sus ocho hermanas y sus hijos formaban parte de la población indocumentada expulsada este año. Pero la ONU y organizaciones de derechos humanos sostienen que la operación de seguridad va mucho más allá de ese grupo e incluye también a refugiados debidamente registrados. Las autoridades pakistaníes, que antes reconocían la validez de las tarjetas de registro, ahora admiten públicamente que esos documentos no garantizan protección frente a la deportación. Todas las familias entrevistadas describen prejuicios y acoso policial en Pakistán. Sarwar, que huyó de Afganistán hace 45 años durante la invasión soviética y cuyos hermanos nacieron en territorio pakistaní, relató que se sintió “desconsolado” cuando lo obligaron a dejar su casa, aunque reconoce que también se siente “feliz” por haberse librado del “acoso de la policía pakistaní”. Pese a las denuncias, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán sostiene que “el gobierno de Pakistán adopta las medidas necesarias para prevenir cualquier caso de acoso o maltrato a ciudadanos afganos en Pakistán” y que, si hay incidentes, “son esporádicos y se tratan con todo el rigor de la ley”. Sin embargo, en febrero, Human Rights Watch documentó “redadas puerta a puerta, registros domiciliarios nocturnos y detenciones sin orden judicial” en Pakistán. El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York, acusó a Teherán de aprovechar el clima posterior a la guerra de 12 días contra Israel y Estados Unidos en junio de 2025 para “sembrar sospechas” sobre los migrantes afganos y tacharlos de posibles espías. Teherán había declarado acoger a más de cuatro millones de afganos indocumentados, y desde entonces ha acelerado sus deportaciones. Acnur insiste en que cualquier retorno debe ser “voluntario, seguro y digno”, condiciones que, a la vista de los testimonios, están lejos de cumplirse de forma generalizada.
Mujeres y niñas, atrapadas entre la deportación y el veto talibán
El drama del retorno se cruza con las restricciones impuestas por el Talibán a las mujeres y las niñas. En una tienda de tránsito en Torkham, donde la temperatura alcanza los 41 °C, Zarina, de 40 años, se sienta rodeada de menores y admite no tener “ni recursos para iniciar un negocio ni una tienda de campaña donde vivir”. Cuando se le pregunta por el futuro de las niñas en Afganistán, donde el Talibán prohíbe el acceso femenino a la educación secundaria y universitaria, responde señalando a su alrededor: “Míralas, son todas niñas. Claro que estoy preocupada”. El testimonio de Zarina refleja un temor extendido: muchas familias que sobrevivieron durante años en Pakistán o Irán ahora vuelven a un país en el que las mujeres han sido excluidas de gran parte de la vida pública. Un exguardia de seguridad deportado primero de Irán y luego de Pakistán –que permanece oculto en lo que considera una casa segura– confesó: “No salgo de esta casa”. Rechaza la amnistía anunciada por el gobierno talibán pocos días después de recuperar el poder en agosto de 2021, que prometía no aplicar represalias contra exfuncionarios y miembros de las fuerzas de seguridad, con el argumento de que “muchos de mis compañeros han sido asesinados”. Asegura que su caso ya estaba registrado ante Naciones Unidas para un posible traslado a otro país, pero fue deportado antes de concretarse. Pakistán confirmó que 16 000 afganos vulnerables han recibido una exención temporal de deportación por razones humanitarias, una medida valorada positivamente por la ONU. Sin embargo, algunas fuentes citadas por organismos internacionales calculan que hasta 250 000 afganos en Pakistán –incluidas mujeres y niñas que se quedarían sin educación– podrían seguir en riesgo de sufrir daños graves si la política de expulsiones se mantiene.
Un país sin reconocimiento internacional y sin capacidad de absorción
La llegada masiva de retornados golpea a un Afganistán gobernado por el Talibán y debilitado por décadas de conflicto, sanciones y recortes de asistencia. Naciones Unidas estima que 21,9 millones de personas, casi la mitad de la población, necesitarán ayuda humanitaria este año para sobrevivir. Unicef advirtió recientemente que un millón de niños afganos enfrenta una desnutrición potencialmente mortal. “Ningún país del mundo podría afrontar este tipo de crisis por sí solo”, subraya de nuevo Charlie Goodlake, al tiempo que reconoce que las autoridades talibanas han desplegado ciertos dispositivos de apoyo para quienes regresan. Pero el mismo portavoz destaca que “muchas de las restricciones y decretos” contra mujeres y niñas “no nos ayudan a obtener apoyo internacional”. En Kabul, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán intenta transmitir control político frente a la emergencia social. El canciller Amir Khan Muttaqi admite que “no cabe duda de que necesitamos ayuda” y reconoce que el retorno masivo “genera presión”, aunque insiste en que “a la larga, les beneficiará tanto a ellos como a Afganistán”. El ministro mantiene que la educación de las niñas y otros asuntos son “cuestiones internas” que deben resolver los afganos y resta importancia al aislamiento diplomático. Cinco años después de su llegada al poder, solo Rusia ha reconocido formalmente al gobierno talibán, pero Muttaqi destaca el fortalecimiento de lazos económicos con China, India y diversos países de Asia Central. En contraste, las principales potencias occidentales mantienen sanciones vinculadas al terrorismo y a violaciones de derechos humanos, lo que limita el flujo de fondos que podrían aliviar la crisis. Ese bloqueo, sumado a drásticos recortes globales de ayuda, deja a los seis millones de retornados sin una red de seguridad efectiva.
Empezar de cero en un país sin garantías
Detrás de cada estadística hay familias que empiezan de nuevo con casi nada. En los camiones que se alinean en Landi Kotal, cerca de Torkham, se amontonan colchones, jaulas con gallinas y bolsas de plástico con ropa, el balance de décadas de vida en Pakistán e Irán. Para muchas de esas personas, Afganistán es hoy un país desconocido que combina promesas incumplidas de amnistía, restricciones severas para las mujeres y un sistema económico colapsado. Naciones Unidas y las agencias internacionales de ayuda advierten que, sin un cambio de rumbo –tanto en la política de deportaciones de Pakistán e Irán como en las decisiones del Talibán sobre derechos básicos–, el retorno seguirá siendo un viaje de ida hacia la precariedad extrema. A medida que el número de expulsados aumenta y la comunidad internacional reduce recursos, la presión sobre Kabul y sobre las provincias receptoras crece. Los próximos meses serán decisivos para comprobar si el gobierno de facto y los países vecinos ajustan sus políticas o si Afganistán se consolida como el escenario del mayor retorno forzado de población de la historia reciente, con millones de personas obligadas a reconstruir su vida bajo un poder que apenas cuenta con reconocimiento y carece de medios para ofrecerles un futuro estable.