Un divorcio imposible y una visión de las mujeres como “carentes de intelecto”
En el despacho del gobernador de Jawzjan, Abdullah Sarhadi, una joven de 18 años identificada como Tuba (nombre ficticio) pide ayuda desesperada para divorciarse de un marido al que acusa de maltratos y palizas reiteradas. Ella insiste: que “ya tomó su decisión” y que no habría acudido si existiera “alguna posibilidad de vivir juntos”. Sarhadi, excomandante talibán y hoy funcionario de alto rango, intenta disuadirla con una pregunta que revela el sesgo del sistema: que se pregunte “quién se casaría” con ella después del divorcio. Le advierte que deberá “ceder mucho” o perderá su “dignidad y honor”, a lo que la joven responde que su honor ya ha sido mancillado. El gobernador ofrece apenas una habitación propia y una vaga promesa de advertir al esposo para que no la golpee, bajo amenaza de cárcel. Luego, lejos de mostrar empatía, califica a las mujeres como “irreflexivas” y “carentes de intelecto”, provocando risas entre funcionarios y ancianos presentes, mientras la propia estructura judicial del Talibán hace extremadamente difícil que una mujer consiga el divorcio sin el consentimiento del marido.
Del corredor de la muerte y las cuevas al despacho oficial
El acceso concedido al equipo del Servicio Mundial de la BBC permite trazar la continuidad entre la insurgencia y el actual aparato estatal. Abdullah Sarhadi, antiguo comandante de la primera etapa del Talibán en los años noventa y exdetenido en la base estadounidense de Guantánamo, admite que destruyó “con sus propias manos” una de las estatuas de Buda de Bamiyán. “Todo lo que hicimos y hacemos está de acuerdo con la guía y la ley de Dios”, sostiene, y afirma no sentir ningún arrepentimiento porque “era la voluntad de Dios”. Hoy, tras haber sido gobernador en Bamiyán y Jawzjan, ha sido nombrado subcomandante de un cuerpo militar en Kunduz. En Kabul, otro protagonista del pasado violento, Habibullah Badr, reconoce haber sido “responsable de las operaciones de los atacantes suicidas” en la capital, con un conocimiento detallado de calles y callejones usado para planificar atentados que causaron miles de muertos, incluidos numerosos civiles. Pese a su cautela actual para “no reabrir viejas heridas”, Badr llegó a dirigir la misma cárcel en la que estuvo condenado a muerte durante el gobierno anterior, antes de ocupar el cargo de subdirector de prisiones de todo el país. Excombatientes como Abid Lalai, que se escondían en redes de cuevas cerca de Kandahar para evitar ser capturados por gobiernos afganos respaldados por Occidente, han sido integrados en fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio del Interior de Afganistán, mientras supervisores como Abdul Samad muestran cementerios anónimos donde yacen combatientes talibanes y reclaman agua, carreteras y centros de salud para comunidades que siguen en la extrema pobreza.
Promesas incumplidas y represión de la disidencia
Desde 2021, el gobierno talibán insistió en que había cambiado y prometió permitir que las mujeres trabajaran y estudiaran “dentro de sus marcos”. Sin embargo, las políticas vigentes replican en gran medida la interpretación radical de la sharía de los años noventa: las niñas tienen prohibido el acceso a la educación secundaria, a las universidades y a la mayoría de los empleos, no pueden viajar solas ni acudir a parques o centros de ocio. El portavoz oficial, conocido como Zabihullah Mujahid y que por primera vez reveló a la BBC su nombre real, Tahir Shah Seddiqi, insiste en que están “comprometidos con los derechos de las mujeres” y con la “libertad de expresión”, pero siempre “desde la perspectiva de la sharía”. Justifica que permitir a las mujeres trabajar en oficinas públicas “conduciría a inmoralidades” y “menoscabaría su dignidad”, y reduce el debate sobre la reapertura de escuelas femeninas a una cuestión “en discusión” que requiere una “solución basada en la sharía”. Mientras tanto, la organización de inteligencia de los talibanes, Estikhbaraat, cita e interroga a periodistas, y manifestantes —en especial mujeres que protestan en las calles— enfrentan cárcel y represalias. El control sobre los medios se refuerza: el propio Mujahid defiende que las radios y televisiones no pueden difundir contenidos “contrarios a las leyes y ritos islámicos” ni hacer “la propaganda que quieran”.
Kandahar, laboratorio de control social y cultural
El poder real del gobierno talibán se desplaza cada vez más hacia Kandahar, donde reside el líder supremo Hibatullah Akhundzada, inalcanzable para entrevistas y ausente de la vida pública. Allí, las normas se han endurecido desde la última visita del equipo de la BBC: los hombres están obligados a llevar barba, las emisoras de radio tienen prohibido reproducir música o transmitir voces femeninas, y a los periodistas no se les permite filmar en la ciudad. La prohibición de teléfonos inteligentes para funcionarios talibanes, que según Abdullah Sarhadi ha ralentizado la gestión diaria porque ya no pueden enviar documentos ni mensajes de forma ágil, convive con una vigilancia más cerrada de lo que se publica. Incluso en actos aparentemente protocolarios afloran tensiones: durante una ceremonia en Kabul, el director de una fundación benéfica, Sultan Mohammad Talaee, elogia a Habibullah Badr como “orgullo para Afganistán”, pero aprovecha para reclamar que “las escuelas y la educación sean accesibles para todos” y solicita explícitamente la reapertura de escuelas femeninas, recordando que la búsqueda de conocimiento es una obligación “tanto para hombres como para mujeres en el Islam”. Su micrófono le es retirado de inmediato, y más tarde relata a la BBC que tenía “otras cosas” que decir, pero no le dejaron continuar.
Un país empobrecido y un futuro en disputa
Mientras los dirigentes talibanes reivindican su victoria militar y se reparten cargos civiles y de seguridad, la crisis socioeconómica se agrava. Según la ONU, tres de cada cuatro personas en Afganistán no pueden cubrir sus necesidades básicas, y regiones rurales como las visitadas por Abdul Samad siguen a la espera de agua potable, carreteras y centros de salud. Afuera del círculo del poder, mujeres como Hoda (nombre ficticio), que salió a protestar cuando el Talibán volvió al poder, describen a los gobernantes como un grupo “que no entiende nada de la vida” y sostienen que “las mujeres no pueden aceptar esta situación”. A su juicio, el verdadero temor del movimiento islamista extremista es a las mujeres instruidas, porque podrían criar “hombres sabios” capaces de cuestionar la continuidad del Emirato. Entre la consolidación represiva del régimen, la actuación de Estikhbaraat contra periodistas y activistas, y la pobreza estructural que afecta a la mayoría de la población, el futuro del país se juega tanto en los despachos de Sheberghan, Kabul y Kandahar como en las aulas vacías donde millones de niñas siguen esperando una educación a la que, por ahora, se les niega el acceso.