Una red informal de supervivencia en el centro de detención de Dilley
Revkin, que dirige la organización Each Step Home, asegura que sus depósitos alcanzan ya a cerca del 80 % de las personas detenidas en Dilley. Las historias que recibe describen a niños con ansiedad, desesperación y problemas de salud que, según testigos como Luis Sánchez*, dependen de estos recursos para acceder a agua embotellada, snacks, cereales, sopa deshidratada, champú, cuadernos y pinturas. El primer envío de Revkin fue de US$50 para la familia de un bebé de dos meses con una infección respiratoria; luego llegarían depósitos de US$200 a padres como Sánchez*, quien relata que, tras casi tres semanas en el centro con sus cuatro hijos, la ayuda significó un alivio psicológico y material frente a la escasez percibida.
Denuncias de maltrato versus defensa oficial de CoreCivic y el Departamento de Seguridad Nacional
La reapertura del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, único centro federal para familias, se produjo el año pasado como parte de la nueva ofensiva migratoria del gobierno Trump y en paralelo a su promesa de ejecutar la “mayor deportación de la historia del país”. En abril de 2026, un informe firmado por Human Rights First y Raíces describió “condiciones inhumanas, maltrato rutinario y violaciones del debido proceso” generalizadas y sistémicas en Dilley. Frente a estas acusaciones, la empresa gestora CoreCivic reivindica sus 40 años de asociación con el gobierno federal de Estados Unidos, bajo gobiernos demócratas y gobiernos republicanos, para brindar atención “segura y humana” a las personas a su cargo, y sostiene que el centro es objeto de múltiples niveles de supervisión para garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos. El Departamento de Seguridad Nacional respalda este relato al afirmar que se proporcionan tres comidas nutritivas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de higiene personal, y que tanto el personal como los detenidos beben la misma agua de los servicios de la comunidad local.
Una “hada madrina” en un sistema que mueve US$15 millones al mes
Para la abogada Kristin Etter, del Texas Immigration Law Council, Revkin se ha convertido en “un hada madrina” sin la cual muchas familias “no podrían sobrevivir” en Dilley. Etter denuncia que, mientras los contribuyentes pagan alrededor de US$15 millones al mes para arrestar a niños y familias, la cobertura de necesidades básicas termina dependiendo de una ciudadana particular que recauda fondos, entre ellos una campaña del Día de la Madre que, según Revkin, ha financiado en buena parte los actuales envíos. Los precios en las tiendas internas del centro son cuestionados por abogados y activistas, que los consideran elevados; CoreCivic responde que son similares a los de una tienda de conveniencia, que realiza evaluaciones de precios cada dos años y que las ganancias se destinan a un “fondo de bienestar de los residentes”. Aun así, el relato de Sánchez* evidencia que muchos llegan sin dinero tras su detención en la frontera con México y dependen por completo de estos depósitos para complementar la comida y el agua que reciben del sistema.
Política migratoria, menores detenidos y presión en Washington
La labor de Each Step Home se remonta a 2018, cuando Revkin comenzó a asistir en los trámites de reunificación familiar de niños separados de sus padres bajo el primer gobierno de Donald Trump. Con el regreso de políticas antimigratorias y la reapertura de Dilley, su enfoque viró hacia el apoyo económico directo. El caso del niño de cinco años Liam Conejo Ramos, detenido en enero durante una operación de control de inmigración en Mineápolis (Minesota) e ingresado en Dilley junto a su padre, se convirtió en símbolo del impacto sobre la infancia y motivó nuevas acciones de Revkin. En Washington, figuras como Andy Kim, integrante del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara, y la estrella infantil Rachel Griffin Accurso, conocida como Ms. Rachel, han llevado cartas de niños detenidos al Capitolio para exigir el fin de la detención de menores migrantes. En paralelo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional insiste en que “estar en detención es una elección” y que Estados Unidos ofrece a los inmigrantes ilegales US$3 000 y un vuelo gratis para autodeportarse, advirtiendo que quienes no acepten serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar.
Del encierro a la vida fuera del centro: apoyo que continúa
La influencia de Revkin no termina cuando las familias abandonan el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley. Sánchez* relata que, tras casi tres meses detenido con sus cuatro hijos, logró salir el 1 de julio y pasó a un programa alternativo de supervisión intensiva del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Parte del dinero recibido dentro del centro le permitió comprar los boletos para regresar a la ciudad donde vivían antes de la detención. Afirma que, con el encierro, perdió su trabajo y prácticamente todo su sustento, y que Each Step Home les brindó comida durante la primera semana fuera y útiles escolares para los menores al iniciar clases. Mientras el gobierno federal de Estados Unidos y empresas como CoreCivic defienden el diseño actual de la detención familiar, el trabajo de Revkin y su red de donantes expone una contradicción de fondo: un sistema que moviliza millones de dólares públicos y, al mismo tiempo, requiere de la intervención de particulares para garantizar que niños de cinco años o bebés de dos meses tengan acceso regular a agua potable, alimentos adecuados y materiales básicos para mantener un mínimo de dignidad durante y después de su encierro.