En este proceso, el exsindicalista era acusado, junto con uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos, y otros dos personas más por presuntamente recibir pagos de Odebrecht con el objetivo de favorecer a la compañía con créditos que facilitarían contratos en Angola.
Desde el 7 de abril de 2018, Lula cumple prisión en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, tras ser condenado a 12 años y un mes de prisión por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, sanción que el Tribunal Superior de Justicia redujo a ocho años y 10 meses.
Sin embargo El magistrado Vallisney de Souza Oliveira eximió al exdirigente obrero de las imputaciones de asociación ilícita y lavado de dinero en este proceso, pero mantuvo otras acusaciones por supuestos actos de corrupción.
De acuerdo a Vallisney Da silva no firmó contratos que lo comprometieran, además existe evidencia de que el expresidente 'no realizó o siguió el trabajo, y la descripción del delito y sus circunstancias no están suficientemente claras'. Indicó el funcionario.