Sus habitantes la llaman la “Ciudad de los Campos Azules”, pero las autoridades locales no le hacen justicia. No hacen nada ante la pérdida de su identidad cultural y permiten violaciones a los derechos humanos de los indígenas que solo quieren poseer y gobernar su tierra por ser su derecho ancestral.
Pero no es todo lo malo que en esta ciudad pasa. Hay una contaminación ambiental galopante, una deliberada destrucción de la ecología por el avance de la frontera agrícola y la explotación de los territorios por los consorcios internacionales mineros, que a su paso, solo dejan mayor pobreza y pocas opciones de vida para sus etnias.
En 1903, el Congreso de Nicaragua elevó a Bluefields al rango de ciudad y cabecera del departamento de Zelaya, un nombre en honor al presidente liberal de esa época José Santos Zelaya, que anexó por las fuerzas de las armas el antiguo territorio de la Mosquitia hoy Costa Caribe al territorio nacional en 1860.
La otra historia
Cuando Bluefields fue elevada a categoría de ciudad, ya era una localidad próspera, cosmopolita según su época y con conexiones importantes con las islas del Caribe y New Orleans, de Estados Unidos. La historia de Nicaragua, con propósitos claros de sumisión y dominio, oculta la verdadera historia de la Costa Caribe nicaragüense en todos los espacios y mesas de negociaciones de los eventos políticos criollos en los que perdió más de lo que ganó como ciudad, dicen historiadores locales.
La verdadera historia, señalan, yace en la oralidad y memoria colectiva, difundida por historiadores locales como el profesor Hugo Sujo, Horatio Hodgson, Gregorio Smutko, entre otros.
“En los últimos años, el aniversario se ha impuesto desde la visión política partidaria del folclorismo y la inutilidad, se esconde en esencia las reflexiones que se debe hacer en relación a nuestra ciudad, lo más lamentable es que vamos perdiendo nuestra identidad y derechos, sin poder cuestionar ni aportar, todo es política para otros y no para este territorio”, dice el crítico del gobierno Rendell Herbert.
“Basta con ver las calles de la ciudad, es un desorden, están dañadas, los puentes deteriorados, un sistema deficiente del suministro de agua potable, a pesar de la inversión que supera los 35 millones de dólares que supuestamente invirtieron en un proyecto inútil, deficiente. Y claro, el eterno problema de las aguas negras. Fue una ciudad moderna, cuidada en el pasado y en vez de mejorarla, la han deteriorado”, criticó Herbert.
Política importada, “¿En qué momento la permitimos?”
A criterio de Herbert, la política del pacífico no ha aportado en nada al desarrollo de esta ciudad caribeña, más bien ha importado “sus males y vicios”.
“¿En qué momento los costeños permitimos que los partidos nacionales de Managua (PLC–FSLN), acabarán con nuestro régimen autonómico? Trasladaron su cultura política corrupta, de servilismo a nuestras estructuras organizativas a las asambleas comunales, los gobiernos territoriales, municipalidad y consejos regionales”, señaló Herbert.
“¿Cómo los costeños permitimos que los políticos de Managua sometieron, colonizaran y desaparecieron nuestros movimientos populares, indígenas y afrodescendientes?¿Cómo permitimos que nuestras universidades regionales URACCAN y BICU, conquista de nuestra autonomía estén sometidas al yugo político del partido de gobierno y hoy funcionan más como comandos operativos del orteguismo?”, cuestionó el ciudadano.
Como Herbert, miles de costeños creen que no existe una verdadera autonomía y más bien han sido estos años objetos de despojos, saqueos y persecución, además de mantener a la zona sometida. “Eso decepciona, una región con mucha riqueza, pero toda se la llevan al pacífico”, critica otro ciudadano.
“¿Y la Autonomía?”, preguntan
El mal uso de la Ley 445 (Ley de Demarcación y Titulación) es considerada para muchos costeños, una estocada a las formas de administración de los recursos en los territorios indígenas y comunidades étnicas.
Bajo directrices y única obediencia al régimen de los Ortega y Murillo, los adeptos y sumisos concejales regionales del Parlamento regional, han cambiado la razón social de la Comisión de Demarcación Territorial, restando Autonomía, potestades, libertades, derechos y acciones ejecutoras y de índole direccional a lo que era por tiempos históricos, una de las comisiones pro-defensa de la tierra y recursos de los pueblos en la región.
Con el manejo de la ley, las autoridades locales negocian los usufructos de los recursos económicos, minerales y ambientales de la zona. Esta semana última, por ejemplo, el Consejo Regional, concedió al menos cinco concesiones de explotación minera, entre otros recursos naturales. Como resultado, las etnias heredarán daños ambientales y más pobreza.
En los territorios indígenas, todavía están sin aclarar asesinatos, secuestros y persecución de líderes comunitarios, el despojo de áreas comunales parciales y totales, un masivo desplazamiento de indígenas por la invasión de colonos a sus tierras ancestrales. “¿Tenemos algo que celebrar?”, se preguntan los costeños.
