El hecho se remonta al pasado 20 de marzo, cuando Chavarría, asignado al puesto de salud de la comunidad Machones, participó en una brigada médica junto a dos colaboradores. Durante la jornada, una joven de 18 años acudió a la consulta presentando síntomas como dolor en el cuerpo, vientre, espalda, cabeza, mareos y vómitos. Al conocer que la paciente tenía tres meses de retraso menstrual, el enfermero activó el protocolo de atención para embarazadas, como lo establece el Ministerio de Salud para zonas rurales.
Según la defensa, Chavarría procedió a realizar un examen de Papanicolaou como parte del protocolo clínico. Sin embargo, la joven manifestó sentirse incómoda durante el procedimiento y, al notar la introducción del espéculo, creyó que la atención no era normal. Posteriormente, interpuso una denuncia ante las autoridades.
Durante el juicio, el abogado defensor Gabriel Díaz presentó testigos presenciales que aseguraron que el procedimiento se realizó conforme a las normas establecidas. Además, peritajes médicos descartaron indicios de abuso o conducta inapropiada, y se comprobó que en la vivienda donde se brindaba la atención había al menos 25 personas esperando consulta.
Tras valorar las pruebas presentadas por ambas partes, la jueza especializada resolvió que la actuación del enfermero se enmarcó dentro de una práctica médica legítima, dictando así su absolución y ordenando su libertad inmediata.
El caso ha generado diversas reacciones en la comunidad, donde se discute la importancia de salvaguardar tanto los derechos de los pacientes como la presunción de inocencia de los profesionales de la salud en contextos comunitarios.
