Los hechos, según la acusación del Ministerio Público, ocurrieron en 2014, cuando la víctima tenía apenas 8 años. El hombre habría ingresado a la habitación de la niña y tocado sus partes íntimas. La menor guardó silencio por temor, pero en 2020 decidió contar lo sucedido a un tío, lo que permitió abrir el caso.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que existían elementos suficientes para responsabilizar al acusado, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Harry Valle, alegó que no había pruebas directas, recordando que el dictamen médico legal resultó negativo y que la víctima no identificó al procesado en el debate.
El defensor anunció que interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, alegando que la sentencia carece de una valoración integral de las pruebas.
