“En toda la Administración (de Xiomara Castro) se han incautado más de 12 000 armas de fuego”, de ellas 8739 durante la implementación del estado de excepción, señaló Sánchez en una rueda de prensa.
Entre las armas incautadas figuran fusiles de asalto AK-47, AR-15, escopetas, lanzagranadas y lanzacohetes, detalló Sánchez, tras anunciar también el decomiso de más de 50 000 proyectiles.
El director de la Policía Preventiva, Miguel Pérez, dijo a periodistas que muchas de las armas incautadas provienen de Nicaragua y El Salvador, mientras que otras fueron sustraídas de depósitos del Ministerio Público.
El alto jefe policial hondureño no detalló cuántas de las armas provienen de Nicaragua o El Salvador. Sánchez informó que muchas de las armas incautadas son remanentes de las guerras civiles de Centroamérica de la década de 1980. “En algún momento (más reciente) las armas se intercambiaban por drogas”, sostuvo el ministro.
Un estudio de InSight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) determinó que las armas traficadas de Nicaragua a Honduras, “por lo general, son reliquias de las guerras civiles de hace muchos años, pero que siguen funcionando y, por supuesto, mantienen su poder letal. Las AK-47 son las más notables entre estas viejas armas”.
“Las autoridades también afirman que han recuperado armas con números de serie borrados o ‘liso’, algo que dicen que prevalece en gran medida en las armas que circulan por Nicaragua”, según el estudio publicado en 2017.
Armas fueron usadas en delitos
Del total de armas incautadas, 3691 se decomisaron en 2022: 5949 en 2023; y 2543 en lo que va de 2024, según cifras oficiales.
Sánchez detalló que el 76 % (9.224) de las armas fueron decomisadas por diferentes faltas de sus propietarios y el 24% (2.959) fueron utilizadas en algún delito.
El funcionario hondureño señaló que las armas “se sacaron de circulación de hechos delincuenciales y criminales” gracias al estado de excepción, una medida en vigor desde el 6 de diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia en el país.
El Parlamento hondureño aprobó la semana pasada una nueva extensión del estado de excepción, hasta el 9 de junio, período en el que la Policía Nacional y otros entes de seguridad pueden realizar operaciones focalizadas en los municipios considerados más violentos del país.
El Gobierno de Xiomara Castro ha ampliado el régimen de excepción para continuar atacando de “manera frontal a las estructuras criminales vinculadas a los delitos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros”, de acuerdo a las autoridades.
